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Gobernador aboga por publicar grabaciones judiciales
DORADO – El gobernador Pedro Pierluisi dijo que se deben hacer públicas las grabaciones de las vistas judiciales en las que Andrea Ruiz Costas solicitó una orden de protección contra Miguel Ocasio Santiago, quien ahora enfrenta cargos por su asesinato.
“Pienso que sería bueno que haya transparencia en esto porque es un caso de tanta notoriedad y ella ya pasó a la vida eterna. O sea, que sería bueno que todo el mundo sepa lo que transcurrió en cada una de esas vistas”, dijo el gobernador en conferencia de prensa ayer.
Según publicó EL VOCERO, el juez Ricardo Marrero del Tribunal de Caguas emitió una orden de mordaza que impide hacer públicas las grabaciones de las vistas en las que Ruiz Costas imploró por una orden judicial que la protegiera de las amenazas de su expareja. La orden no fue concedida y el asunto ahora es investigado por orden de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.
En su orden de mordaza, el juez alega que la decisión responde a un deseo de “evitar la revictimización y la divulgación de información íntima, personal o familiar”, y por lo tanto prohibió bajo apercibimiento de desacato que cualquier persona que no sea representante oficial del Departamento de Justicia en el descargue de sus responsabilidades oficiales, el escuchar o divulgar el contenido de las mismas, “para cualquier propósito ajeno al sumario fiscal”. Justicia tiene copia de estas grabaciones.
Mientras tanto ayer, el Overseas Press Club (OPC) junto a Telemundo solicitaron al Tribunal Supremo que se divulguen las grabaciones de estas vistas.
Por otra parte, el gobernador le dio la bienvenida al anuncio de que la Junta de Control Fiscal autorizó el desembolso de $7 millones para atender proyectos contra la violencia de género. Aunque el gobierno había criticado a la junta por negar este desembolso, el presidente del organismo David Skeel había dicho que estaban analizando la petición de fondos.
Ese dinero es para el presupuesto que comienza a partir del 1 de julio. “Lo importante es que tengamos recursos adecuados para cumplir la misión de PARE. Recuerden que PARE lo que hace es identificar áreas en el gobierno en las que tenemos que mejorar la ejecución, como por ejemplo tener más fiscales en Justicia, más personal de apoyo”, afirmó el gobernador. “Lo mismo ocurre en el Departamento de la Familia, entre otras dependencias. Tenemos que mejorar la tecnología y mejorar las estadísticas para que sea más confiable y sepamos cómo está la situación desde el punto de vista de violencia de género”.
La portavoz de prensa de La Fortaleza Sheila Angleró, indicó que el dinero se utilizaría para crear una APP (aplicación de celular), para mejorar el archivo electrónico de órdenes de protección; una campaña educativa; contratar profesionales de estadísticas para apoyar al Departamento de Educación con el currículo de perspectiva de género; proveer fondos a entidades que ofrecen servicios directos a víctimas para capacitación a fuerza policíaca y unidades de crímenes violento, y para mejorar la alerta rosa.
Medida legislativa
El representante penepé Yazzer Morales Díaz anunció en comunicado de prensa ayer que radicará un proyecto para que todas las querellas radicadas contra los miembros de la rama judicial –particularmente las radicadas contra los jueces y juezas– sean publicadas en el portal de internet de la Oficina de Administración de Tribunales.
“La transparencia en el servicio público debe ser completa. En estos momentos el pueblo puede observar, a través de internet, las querellas que se radican en la Oficina de Ética Gubernamental contra funcionarios públicos, desde empleados hasta alcaldes, la razón de la misma y su estatus de investigación. ¿Por qué no sucede lo mismo en la rama judicial? ¿Por qué las querellas contra los jueces no son publicadas?”, cuestionó el representante.
La página del ente judicial, dijo, debe tener identificada claramente las querellas que existen contra los jueces y juezas. “Lo que buscamos es un ejercicio similar al que hoy en día se lleva a cabo en la Oficina de Ética Gubernamental”, añadió el legislador.