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Comité PARE analiza manejo del sistema en los casos de Keishla y Andrea Cristina
En lo que va de año en Puerto Rico han ocurrido 21 muertes violentas de mujeres por razones de género -según datos recopilados por el Observatorio de Equidad de Género-, un escenario que pone en evidencia el estado de emergencia que se vive en la isla respecto a la situación de feminicidios, al tiempo que recalca la urgencia de corregir las brechas que entorpecen trabajar con efectividad los protocolos gubernamentales establecidos para la atención y prevención de estos casos, incluyendo comenzar de inmediato la implementación de un currículo escolar de perspectiva de género.
Esta crisis continúa en aumento en la isla y quedó nuevamente retratada en los pasados días con los asesinatos de Andrea Cristina Ruiz Costas y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, cuyos nombres se suman a la larga lista de mujeres que han muerto en situaciones vinculadas a la violencia de género y cuyos casos fueron tema de discusión en una reunión virtual de emergencia que se llevó a cabo hoy con miembros del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), creado por el gobernador Pedro Pierluisi a partir de la orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia en Puerto Rico.
El comité tiene la responabilidad de fiscalizar, movilizar y recomendar acciones concretas para combatir el problema de violencia de género en la isla.
“La reunión se trae a raíz de los casos y de una evaluación que el comité PARE quiere realizar para discutir detalles de lo sucedido y conocer cuál fue la efectividad dentro del sistema y cuáles son todavía las brechas”, explicó la presidenta del comité y secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz.
Subrayó que como parte del análisis, las 17 personas que componen a PARE -incluyendo miembros de organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género- determinaron como prioridad la implementación del currrículo escolar de perspectiva de género, un tema que se discutirá esta semana con el subcomité de educación, capacitación y prevención.
“Queremos discutir la implementación para luego llevarlo a consideración del gobernador... una vez sea aprobado deberíamos comenzar de inmediato el adiestramiento y capacitación para el personal escolar. Aparte, reconocemos que tenemos que reunirnos y tener espacio de conversación abierta con los cuidadores de estudiantes y el resto de la comunidad escolar”, expresó González Magaz.
Sostuvo que a estos fines procurará una reunión en estos días con la secretaria designada del Departamento de Educación, Magaly Rivera Rivera, para priorizar el desarrollo de un plan que de paso a la integración del currículo. Precisamente, a mediados de abril el juez Anthony Cuevas Ramos desestimó una demanda incoada por las legisladoras del Proyecto Dignidiad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos, quienes buscaban detener la implementación del currículo.
De otra parte, el comite PARE evaluó el manejo de los casos de Andrea Cristina y Keishla con la intención de identificar los espacios que se tienen que mejorar en cuanto al protocolo interagencial que se debe seguir de manera uniforme en los casos de violencia de género.
En el caso de Keishla -una mujer embarazada que tenía 27 años y cuya desaparición y asesinato fue vinculada por sus familiares al púgil Félix Verdejo (quien no ha sido identificado por la policía como sospechoso)- se activó por primera vez la Alerta Rosa, un mecanismo que deben seguir las agencias de seguridad y entidades públicas ante la posible desaparición o secuestro de una mujer de 18 años o más.
“En el caso de Keishla es la primera vez que se activa la Alerta Rosa y vimos que eso ocurrió, gracias a Dios, en varias horas y con un manejo excelente por parte de la policía. Sin embargo, entendemos que hay algunas brechas que se tienen que atender... se identificó, por ejemplo, que los letreros digitlaes o billboards privados debieron activarse inmediatamente y hay que trabajar también con las notificaciones por los teléfonos celulares para que funcione como una alerta de emergencia. Sabemos que contamos con el apoyo de los jefes de agencias, que están comprometidos y van a cooperar de manera alineada con este plan”, especificó.
Mientras, en el caso de Andrea Cristina -una mujer de 35 años que fue asesinada y calcinada por su expareja Miguel Ocasio Santiago, quien confesó el crimen durante el fin de semana- también se identificaron unas deficiencias. Trascendió públicamente que la mujer había culminado una relación con el agresor, a quien denunció por violencia doméstica el pasado 26 de marzo cuando acudió ante la jueza municipal de Caguas, Ingrid D. Alvarado Rodríguez, solicitando una orden de protección que no le fue concedida.
“Nos parece importante que la jueza del Tribunal Supremo (Maite Oronoz Rodríguez) ordenara una investigación para indagar si hubo una brecha en el sistema en el caso de Andrea... creo que esto deja evidente la importancia de la orden ejecutiva que decretó un estado de emergencia porque crea ese nivel de movimiento de concienciación”, expresó la secretaria de Familia.
Aprovechó para dirigir un mensaje directo a las víctimas de violencia machista en Puerto Rico, reconociendo en primera instancia que el manejo por parte del gobierno debe mejorar.
“Es importante que las víctimas de violencia de género sepan que como ente gubernamental reconocemos que el sistema puede ser aterrador y que muchas veces sienten que los servicios no están disponibles como debieran o que el sistema pudiese ser injusto... para estas víctimas es importante que sepan que los servicios de apoyo están y que todo el grupo de PARE está trabajando para que esos protocolos se activen de manera efectiva y ágil”, acotó.
El comité PARE discutió, además, la necesidad de fondos que existe para poder llevar a cabo el plan de acción que se está delineando para atajar el problema de violencia de género en Puerto Rico desde diversas vías.
En días recientes la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que reduciría de $7 millones a $200,000 la cantidad de dinero presupuestado para el fondo que manejaría el estado de emergencia decretado por violencia de género.
“Vamos a estar buscando alternativas disponibles para subsanar esa deficiencia y pedirle una revisión a la Junta de Supervisión Fiscal y hacerles comprender la importancia de que haya apoyo para establecer los recursos”, explicó González Magaz.
Por su parte, el gobernador envío una declaración escrita en la que admitió la necesidad de fondos que tiene PARE y se comprometió en buscar recursos para sufragar los gastos.
“A pesar de la negativa de la Junta de Supervisión de asignar los fondos solicitados para estos fines, buscaremos los recursos en el presupuesto actual, en el propuesto y en los fondos federales por pandemia para asegurar que cumplimos con la seguridad de nuestra gente”, expresó Pierluisi.
El Primer Ejecutivo reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género y dijo que pondrá la acción y los recursos donde está la palabra.
“El dolor, la rabia y la indignación que sentimos cada vez que somos testigos de un crimen de violencia de género tiene que mantenerse vivo en nosotros para que no descansemos en nuestra responsabilidad de proteger, prevenir y abolir este mal, así como hacer justicia para todas las víctimas”, agregó el gobernador.
Otras integrantes del comité PARE, específicamente portavoces de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, el Centro de la Mujer Dominicana, Coordinadora Paz para la Mujer, Fundación Alas a la Mujer y Proyecto Matria, hicieron expresiones escritas alusivas a la reunión que hubo durante el día.
Hicieron hincapié en que desde febrero han estado trabajando “intensamente” para ejecutar el plan de trabajo aprobado en PARE, el cual, dijeron, se ha elaborado tras un minucioso análisis y recopilación de datos provistos a través de los 11 subcomités que integran al grupo.
“Nos parece importante destacar, sobre todo, esa colaboración de otras organizaciones que están sumando su experiencia y su peritaje a todo este trabajo. Eso marca una diferencia en el proceso y esperamos que logre resultados importantes porque estamos tomando en cuenta las voces de las mujeres que atendemos y las observaciones de profesionales que día a día trabajan con prevención, intervención, intercesoría legal y acompañamiento frente al sistema de justicia y frente a otras agencias gubernamentales”, dijo por su parte Vilma González Castro de Coordinadora Paz para la Mujer. “Estamos llevando a PARE el mismo trabajo colaborativo y en alianzas que realizamos desde nuestras coaliciones y colectivos”, agregó.
Por su parte, Vilmarie Rivera Sierra de la Red de Albergues, adelantó que se está preparando un flujograma que se hará público próximamente y que permitirá al país conocer cómo y dónde buscar ayuda de manera efectiva, así como la manera en que los casos deberían moverse dentro del sistema.
La licenciada Amárilis Pagán, explicó que el enfoque del organismo es también producir legislación y política pública que sea coherente con la meta de incrementar factores de protección frente a la violencia de género, a la vez que se disminuyen los factores de riesgo.
“En el caso del subcomité de Política Pública y Legislación, al cual pertenezco, estamos ya recibiendo recomendaciones de los demás subcomités y evaluando proyectos de ley que ya están siendo considerados en la Legislatura. Parte de nuestro trabajo incluye detectar las necesidades de reglamentos, legislación o guías que sirvan de base legal para que lo que hoy se logre, tenga una base jurídica que lo sostenga a través del tiempo”, dijo Pagán portavoz del Proyecto Matria.
Las liderezas aprovecharon para llevar el mensaje de que la vida de las mujeres importa y que es responsabilidad de la sociedad y el gobierno prevenir la violencia de género.
“El trabajo del gobierno es importante e impostergable. No solo debe actuar, sino rendir cuentas de su trabajo. Y en este caso, nos parece muy bien que la gente pida rendición de cuentas. Nosotras haremos nuestra parte para informar también porque nos debemos a las mujeres que atendemos y a las que todavía están expuestas a la violencia”, afirmaron en declaraciones escritas.
En lo que va del año 2021 el Observatorio de Equidad de Género, un proyecto que busca monitorear y analizar la situación de violencia de género en Puerto Rico, a la vez que genera recomendaciones de política pública, ha identificado 21 casos de feminicidios en la isla.
Así lo expresó la coordinadora del Observatorio, Irma Lugo Nazario, quien pertenece a los subcomités de Estadísticas y de Educación de PARE.
Destacó que en el Observatorio se define como feminicidio la muerte violenta de mujeres por razones de género, ocurrido entre familiares, en el hogar, en la comunidad o en cualquier otra relación interpersonal, así como los perpetrados o tolerados por el Estado y sus agencias.
“Son muertes violentas que ocurren contra la mujer por razón de ser mujer”, detalló al indicar que las estadísticas que analizan se dividen en dos categorías: feminicidio directo, en el que el propósito principal era matar a la mujer; y el indirecto, en el que la víctima original no era la mujer pero pierde la vida por estar en el mismo espacio con el agresor. También se incluye en las estadísticas el transfeminicidio, que es la muerte de una mujer transgénero o transexual que es asesinada por su condición o identidad de género, por odio o por rechazo. El organismo incluye en esta categoría al hombre trans y de género no binario.
Entre los 21 feminicidios identificados por la organización, hay 19 mujeres, una niña de 9 meses y un hombre trans, explicó Lugo Nazario.
“Si te fijas en el informe hay nueve casos que están bajo investigación de la Policía sin que se sepa el móvil... además, tenemos tres mujeres no identificadas”, sostuvo sobre el reporte que esá disponible en https://observatoriopr.org/feminicidios.